ORDEN 2/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se crea el Servicio Común Procesal del Archivo Judicial Territorial de la Comunitat Valenciana, Depósito de Piezas de Convicción y Vehículos. [2020/1213]

Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Conselleria de Justicia, Interior y Administracion Publica
Rango de Ley:Orden
 
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PREÁMBULO

La Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, supuso una reforma en profundidad de la Administración de justicia que afecta especialmente al diseño organizativo de la Oficina Judicial. Con ella se pretende, ante todo, racionalizar y actualizar los medios personales y materiales para una mejor y más rápida Administración de justicia. En su disposición transitoria cuarta dispone que las comunidades autónomas con competencia en materia de Administración de Justicia, procederán a la organización de las oficinas judiciales y unidades administrativas en la forma regulada en la propia ley.

La disposición transitoria decimoquinta del mismo texto legal, establece que la determinación por cada Administración competente del diseño y organización de las oficinas judiciales radicadas en sus respectivos territorios, conforme a la estructura básica y en los términos regulados en dicha ley, se llevará a cabo de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de dichas administraciones.

La Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (modificado por Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril), recoge en su artículo 49-1-36ª, que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: «... Administración de Justicia, sin perjuicio de los dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149-1-5ª de la Constitución...». Entre los aspectos que abarcan las competencias asumidas por la Generalitat en materia de Justicia se encuentra el de los archivos judiciales, tanto en medios materiales como personales.

El Real decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, regula la organización y funcionamiento de los archivos judiciales así como el procedimiento a través del cual se efectúa el expurgo de la documentación judicial, estableciendo en su artículo 8, que en cada comunidad autónoma existirá como mínimo un Archivo Judicial Territorial.

El Real decreto 2783/1976, de 15 de octubre y la Orden Ministerial del Ministerio de Justicia de 14 de julio de 1983, regulan la conservación y destino de piezas de convicción, y la creación de diferentes depósitos judiciales, entre ellos el de València.

Por otra parte, mediante Decreto 61/2006, de 12 de mayo, del Consell, se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales y se crea el Fondo Histórico Judicial de la Comunitat Valenciana.

La Oficina Judicial diseñada por la Ley orgánica 19/2003, supone, desde el punto de vista organizativo, la creación de nuevas estructuras destinadas a racionalizar y modernizar los sistemas de gestión de la Administración de justicia. Y en el plano funcional, impone a los poderes públicos la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar un servicio próximo, rápido y de calidad, acorde con la realidad tecnológica de la sociedad del siglo XXI.

Tras la reforma de 2003 la Oficina Judicial queda dividida en dos órganos diferenciados: la Unidad Procesal de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales. Estos últimos, sin estar integrados en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

Conforme a las anteriores previsiones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana se dictó la Orden 27/2016, de 19 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se creó el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales en 35 partidos judiciales. A continuación, por Orden 5/2017, de 2 de febrero, de la misma Conselleria, se completó el diseño, estructura y organización de la Oficina Judicial, con la creación de los Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento

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