DECRETO 28/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que crea la Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat.
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Conselleria de Presidencia - Conselleria de Hacienda y Administración Pública |
| Rango de Ley | Decreto |
La gravedad de la situación económica exige de los poderes públicos un proceso permanente de reflexión y adopción de medidas para apoyar a los sectores más afectados, al tiempo que se incentiva la recuperación económica y la generación de empleo.
Para ello, es imprescindible contar con una Administración pública que ofrezca una estructura organizativa ajustada a las demandas ciudadanas en materia de bienes y servicios públicos, y que sea absolutamente rigurosa en la gestión de los recursos.
La política de racionalización y ahorro del gasto público, a través de la eficiente gestión financiera de las administraciones y del sector público de ellas dependiente, ha de contribuir a controlar y reducir el déficit de las administraciones públicas, uno de los objetivos principales en la coyuntura económica actual y sin cuyo cumplimiento resulta imposible garantizar la propia sostenibilidad de las administraciones y el mantenimiento y mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos.
En este contexto, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 17 de enero de 2012, se adoptaron una serie de acuerdos sobre la necesidad de ajustar el gasto público y de consolidar políticas tendentes a garantizar la estabilidad y sostenibilidad presupuestarias de las administraciones públicas.
Así, en el informe de la citada reunión consta que «las comunidades autónomas [...], al finalizar el periodo transitorio que se establezca en la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución, deberán presentar equilibrio o superávit, con un límite de un déficit estructural máximo del 0,4 por 100 del PIB y un límite de deuda que no podrá superar el 60 por 100 del PIB». Además, señala dicho documento que se considera adecuada «la incorporación, en la normativa de estabilidad de desarrollo del artículo 135 de la Constitución, de un techo de gasto y una regla sobre la evolución del gasto autonómico en línea con la normativa y la metodología acordada en el ámbito comunitario». Por último, se añade para el ejercicio 2012, que los presupuestos de las comunidades autónomas «se ejecutarán teniendo en cuenta que los ingresos derivados del sistema de financiación y el resto de recursos de las comunidades autónomas se verán condicionados por el escenario económico».
En congruencia con lo anterior, el Gobierno de España aprobó el 27 de enero de 2012 el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, en el que se recogen los anteriores acuerdos, consagrándose los objetivos de garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar los compromisos de España con la UE. El anteproyecto normativo, además, prescribe la obligación de las Administraciones Públicas de fijar un techo de gasto consistente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, y limita el crecimiento del mismo, sin que pueda aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB.
Con la aprobación por las Cortes Generales y entrada en vigor de dicha ley se iniciará un periodo transitorio hasta 2020, durante el cual se prevé una senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 60% del PIB.
En línea con todo lo apuntado, y a fin de prepararse con antelación suficiente al cumplimiento de las prescripciones de la anterior normativa, el Consell ha venido desplegando ya una serie de medidas dirigidas a ajustar la programación y ejecución del gasto público a los ingresos que se prevé obtener, impulsando para ello las necesarias actuaciones de racionalización, reestructuración y reorganización de la Administración y de su sector público dependiente.
La conveniencia de establecer en esta materia mecanismos colegiados de coordinación, que garanticen la implementación ordenada de
las medidas de racionalización y ahorro en todos los departamentos del Consell y sus entidades autónomas, así como el control y vigilancia de su efectividad, unido al carácter estratégico de estas actuaciones para el cumplimiento de...
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