DECRETO LEY 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19. [2020/4165]

Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas - Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Rango de Ley:Decreto-ley
 
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I

La Organización Mundial de la Salud declaró, el 11 de marzo de 2020, pandemia internacional la emergencia sanitaria global ocasionada por la Covid-19. La situación de emergencia de salud pública provocada por la expansión del virus en Europa y en el mundo, ha obligado a las diferentes autoridades sanitarias a promover medidas de contención extraordinarias, con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas públicos de salud.

Desde la declaración de la pandemia, y en el marco de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía, la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ha ido adoptando de forma gradual diversas medidas excepcionales, que han tenido por objeto limitar la propagación de la Covid-19, y el contagio de la ciudadanía.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma, que ha sido sucesivamente prorrogado, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

La declaración del estado de alarma establece en todo el territorio del Estado medidas temporales de limitación de la libre circulación de las personas y de contención en el ámbito social, educativo, cultural, recreativo, deportivo y de ocio, entre otros, con el fin de proteger la salud de la ciudadanía y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

Las medidas de contención y las limitaciones a la movilidad han provocado alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de servicios públicos, como por ejemplo los sociales, y han generado disrupciones graves en la mayor parte de los sectores de este ámbito, que han sufrido con la limitación de las diferentes actividades de servicios, y que en muchos casos se han tenido que reprogramar para atender a las urgencias sociales provocadas por esta crisis.

Ante esta situación excepcional, es una obligación de los poderes públicos garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente aquellos que se derivan de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

Así mismo, constituye un deber de las autoridades públicas procurar que las medidas adoptadas no produzcan daños irreversibles en el tejido social, impulsando las actuaciones urgentes y excepcionales que sean necesarias para paliar los efectos negativos de la limitación de la movilidad y de la suspensión de gran parte de la actividad, pero también de la adaptación de las actuaciones una vez finalice esta situación.

II

En el ámbito social, la suspensión de la actividad presencial en la gran mayoría de los programas que se desarrollan, ha supuesto para las administraciones y para el tercer sector un reto sin precedentes.

El tercer sector de acción social representa una esfera clave en las democracias avanzadas tanto en la defensa del interés general como en la gestión directa, o en su diseño y concepción, de recursos y espacios comunes para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de la población, especialmente, de aquellos colectivos más vulnerables y empobrecidos. También, hay que destacar que es un...

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